🧭 Resumen ejecutivo

En 2009, la Constitución (art. 16) exigía que toda detención sin orden judicial se fundara en flagrancia o caso urgente, y que el Ministerio Público consignara al detenido ante el juez en un plazo máximo de 48 horas. La omisión de estos requisitos convierte la detención en ilegal.

Además, el artículo 20 establecía que ninguna prueba obtenida con violación de derechos fundamentales tendría valor. Si existieron actos de coacción o tortura, la nulidad es absoluta.

🗓️ Línea de tiempo del caso

1. 11 de agosto de 2009 — Detención de Nino Colman sin orden judicial.
2. 11–12 de agosto de 2009 — Retención en instalaciones ministeriales; se reportan posibles irregularidades en la puesta a disposición.
3. 13 de agosto de 2009 — Declaraciones ministeriales y diligencias sobre evidencias digitales (IPs, correos electrónicos).
4. 14 de agosto de 2009 — Consignación ante juez penal; se formaliza la averiguación previa.
5. 2009–2010 — Desarrollo del proceso penal con incorporación de pruebas cuestionadas por origen ilícito.

⚖️ Marco jurídico aplicable en 2009

• Constitución (art. 16): prohibición de detenciones arbitrarias; flagrancia y caso urgente como únicas excepciones; obligación de consignar en 48 horas.
• Constitución (art. 20): pruebas obtenidas con violación de derechos carecen de valor.
• Código Federal de Procedimientos Penales: artículos sobre flagrancia, consignación y plazos.
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (1991): prohíbe cualquier forma de coacción física o psicológica.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos y Convención contra la Tortura: vigentes y obligatorias para México.

🔎 Análisis de irregularidades

1) Falta de flagrancia real

Si la detención no ocurrió en el momento del hecho ni en persecución inmediata, no se actualiza la flagrancia. La simple sospecha no la justifica.

2) Control judicial diferido

El MP debía consignar en 48 horas; cualquier retención mayor sin autorización judicial es ilegal.

3) Posible coacción o tortura

La ley y los tratados prohíben la tortura; cualquier indicio obliga a excluir pruebas y abrir investigación penal.

🚨 Comparecencia forzada mediante orden de presentación

En el sistema penal anterior, la autoridad ministerial podía solicitar al juez una orden de presentación para que una persona compareciera a declarar. Sin embargo, esta figura fue utilizada en la práctica como un mecanismo para forzar la detención sin cumplir con los requisitos constitucionales de flagrancia o caso urgente.

En el caso de Nino Colman, la supuesta orden de presentación se convirtió en un instrumento para legitimar una retención previa, lo que vulnera el artículo 16 constitucional, que prohíbe detenciones arbitrarias. La orden de presentación no equivale a una orden de aprehensión y no autoriza privar de la libertad más allá del tiempo estrictamente necesario para la diligencia.

La jurisprudencia y la doctrina han señalado que el uso abusivo de esta figura constituye una violación grave al debido proceso, pues se emplea para encubrir detenciones ilegales y obtener declaraciones bajo presión, lo que puede derivar en nulidad absoluta de las actuaciones subsecuentes.

🧪 Implicaciones probatorias

• Nulidad absoluta: pruebas obtenidas con violación de derechos carecen de valor (art. 20 CPEUM).
• Efecto dominó: actos derivados de la detención ilegal también son inválidos.
• Responsabilidad internacional: México debe garantizar reparación y sanción conforme a la CADH y la Convención contra la Tortura.

📝 Nota editorial

La detención de Nino Colman ilustra cómo la falta de control judicial y el abuso de la figura de flagrancia erosionaron el debido proceso en el sistema anterior. Hoy, estos estándares son inaceptables a la luz del bloque de constitucionalidad.

📚 Referencias normativas y jurisprudenciales

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto vigente en 2009), arts. 16 y 20.
• Código Federal de Procedimientos Penales (arts. sobre flagrancia y consignación).
• Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura (DOF, 1991).
• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
• Convención contra la Tortura (ONU, DOF 1986).
• SCJN, jurisprudencias P./J. 31/2014, P./J. 32/2014 y 1a./J. 4/2015 (arraigo local inconstitucional).