Conmemorar la Carta de la ONU exige que sus principios —dignidad, legalidad y debido proceso— se reflejen en cada sentencia, en la valoración probatoria y en el cumplimiento cabal de los amparos.
La Carta de la ONU: más que un tratado, un mandato vivo
El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional que dio origen al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Su relevancia no se limita al plano diplomático: es la base normativa que inspira constituciones, tratados y jurisprudencia en todo el mundo.
La Carta consagra principios que hoy son exigibles en tribunales nacionales: dignidad humana, igualdad soberana, prohibición de la fuerza arbitraria, respeto a los derechos fundamentales y cooperación internacional para la justicia.
Estos valores se proyectan en instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura.
¿Por qué es crucial en el ámbito interno? Porque el artículo 1 constitucional obliga a todas las autoridades a aplicar el principio pro personae y el control de convencionalidad, asegurando que ninguna sentencia contradiga los estándares internacionales. Esto implica:
- ✔️ Legalidad reforzada: aplicar la ley penal más benigna y evitar retroactividad desfavorable.
- ✔️ Debido proceso: excluir pruebas ilícitas y garantizar defensa efectiva.
- ✔️ Prohibición de tortura: investigar y sancionar cualquier acto cruel, inhumano o degradante.
- ✔️ Acceso a la justicia: contestar agravios con motivación autónoma y completa.
El caso Nino Colman Hoyos Henao es un ejemplo concreto de cómo estos principios se ponen a prueba: ¿cumplió la Cuarta Sala Penal cabalmente con la ejecutoria del amparo? ¿O hubo defectos que comprometen la efectividad de la Carta en la práctica judicial?
Del caso al amparo: hitos indispensables
2007–2011: Hechos, proceso y sentencia de segunda instancia.
2011–2014: Vigencia de la ley general más benigna.
2019: Cuarta Sala impone 55 años.
2025: Amparo ordena exclusión de pruebas, aplicación integral de la ley más benigna y contestación puntual de agravios.
Adecuación de la pena: avance real… con un matiz
La Cuarta Sala recalculó la sanción aplicando la ley más benigna: 27 años 6 meses de prisión y 1,666 días multa. Sin embargo, la multa se fundamentó en el código local, lo que contradice la instrucción de aplicar integralmente el régimen más favorable.
¿Cumplimiento cabal del amparo? Lo que sí y lo que faltó
- ✔️ Exclusión de pruebas ligadas a la detención ilegal.
- ✔️ Recalculo de pena con ley más benigna.
- ⚠️ Traslación normativa parcial (multa con código local).
- ⚠️ Contestación de agravios formal, no sustantiva.
- ⚠️ Falta de metodología probatoria robusta en evidencia digital.
Implicaciones para derechos humanos y política pública
- ✔️ Necesidad de protocolos para evidencia digital.
- ✔️ Transparencia en contestación de agravios.
- ✔️ Capacitación en control judicial y cadena de custodia tecnológica.
Puntos accionables para operadores del sistema
- 📌 Jueces: aplicar integralmente la ley más benigna y motivar exclusión probatoria con metodología clara.
- 📌 Ministerios Públicos: garantizar control judicial en obtención de datos digitales y conservar originales.
- 📌 Peritos: documentar cadena de custodia tecnológica y validar herramientas (ReadNotify, IP tracking) con estándares internacionales.
- 📌 Defensores: exigir trazabilidad digital y cuestionar pruebas sin respaldo técnico verificable.
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