Cómo enfrentar los retos del uso de la inteligencia artificial para incriminar en un proceso penal en México

La inteligencia artificial (IA) está revolucionando la justicia penal en todo el mundo. Desde algoritmos que predicen riesgos hasta sistemas que procesan evidencia digital, la tecnología promete eficiencia, pero también plantea riesgos graves para los derechos humanos. En México, la ausencia de regulación específica convierte este avance en un desafío urgente. Esta entrada analiza los riesgos, estrategias de defensa, implicaciones éticas y lecciones internacionales, integrando datos recientes y propuestas legislativas.

🌍 Contexto global y nacional

La IA se ha incorporado en sistemas judiciales de países como Canadá, España y Estados Unidos para agilizar procesos y reducir cargas administrativas. Sin embargo, su uso en materia penal genera controversias: ¿puede un algoritmo determinar la culpabilidad sin vulnerar el debido proceso? En México, donde la digitalización judicial avanza lentamente, la adopción de IA ocurre sin protocolos claros, lo que aumenta el riesgo de incriminaciones injustas.

🌍 Panorama internacional

En Canadá, la normativa exige que las partes revelen si utilizan IA en procesos judiciales, garantizando transparencia y derecho de contradicción. España avanza con una Ley de IA que incorpora principios de explicabilidad, supervisión humana y prohibición de decisiones automatizadas sin control judicial. Brasil ha prohibido parcialmente el reconocimiento facial por su alto margen de error y sesgos raciales. En Estados Unidos, los algoritmos predictivos han generado críticas por reproducir discriminación, lo que ha impulsado reformas en varios estados.

📊 Estadísticas recientes

Según la CEPEJ, Europa cuenta con 125 herramientas de IA judiciales, todas bajo supervisión humana. En EE.UU., el reconocimiento facial es entre 10 y 100 veces menos preciso en personas negras, provocando falsos arrestos. El mercado global de IA legal alcanzó USD 3.11 mil millones en 2025, y se proyecta que supere los 10 mil millones para 2030. En defensa penal, la adopción de IA es del 18%, frente a 47% en inmigración y 37% en lesiones personales. Estos datos reflejan una tendencia clara: la IA ya impacta la justicia, pero sin regulación adecuada, los riesgos son evidentes.

⚠️ Riesgos jurídicos y probatorios en México

La falta de regulación abre la puerta a múltiples riesgos:

Sesgos algorítmicos: Los sistemas aprenden de datos históricos que pueden estar contaminados por prácticas discriminatorias. Esto significa que un algoritmo podría reproducir patrones de injusticia.

Caja negra: Muchos modelos son opacos, lo que impide conocer cómo llegaron a una conclusión. Sin explicabilidad, se vulnera el principio de contradicción.

Evidencia sintética: Deepfakes y contenido generado por IA pueden incriminar falsamente a personas inocentes si se admiten sin peritaje riguroso.

Violación de cadena de custodia: La automatización puede ocultar quién manipuló la evidencia, rompiendo la trazabilidad.

Decisiones automatizadas: Cuando la IA sustituye el análisis humano, se debilita el papel del juez y del defensor, afectando garantías constitucionales.

🛡️ Estrategias de defensa técnica y jurídica

Para enfrentar estos retos, la defensa penal debe adoptar un enfoque proactivo:

Exigir peritajes independientes: Todo sistema de IA usado como prueba debe ser auditado por peritos en informática forense, evaluando sesgos, precisión y margen de error.

Solicitar acceso al algoritmo: La defensa tiene derecho a conocer los datos de entrenamiento, parámetros y lógica del modelo. Sin esta información, la prueba carece de validez.

Invocar jurisprudencia: La SCJN ha establecido que toda prueba obtenida sin respeto al debido proceso es nula. Si la IA se usó sin control judicial, debe excluirse.

Control de convencionalidad: Los estándares internacionales exigen que la tecnología respete derechos humanos. Si la IA vulnera la presunción de inocencia, debe desecharse.

✅ Propuestas legislativas para México

México necesita una ley específica sobre IA en justicia penal que incluya:

• Transparencia: Todo sistema debe ser auditable y explicable.
• Supervisión judicial: La aplicación de IA debe estar sujeta a control previo.
• Protección de derechos: Garantizar defensa, contradicción y privacidad.
• Participación de expertos: Incluir especialistas en derecho, tecnología y ética.
• Exclusión de pruebas ilícitas: Toda evidencia generada sin respeto al debido proceso debe ser nula.

📌 Implicaciones éticas y derechos humanos

El uso de IA en justicia penal no es solo un tema técnico, sino ético. ¿Quién responde por un error algorítmico que lleva a prisión a una persona inocente? La automatización no puede sustituir la deliberación humana. Los principios de dignidad, igualdad y presunción de inocencia deben prevalecer sobre la eficiencia tecnológica.

📌 Conclusión

La IA puede mejorar la justicia penal, pero sin regulación estricta se convierte en una amenaza para los derechos humanos. México debe aprender de Canadá, España y Brasil para evitar que la tecnología se use como herramienta de incriminación injusta. El momento de legislar es ahora: la defensa penal debe estar preparada para cuestionar pruebas algorítmicas y exigir transparencia, mientras se impulsa una ley que garantice un uso ético y justo de la tecnología.